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Atraco a la Sanidad Pública

De nuevo la mentira como expresión nítida de la carencia de ética y de moralidad a la hora de ejercer la política . Como expresión del des...

De nuevo la mentira como expresión nítida de la carencia de ética y de moralidad a la hora de ejercer la política. Como expresión del desprecio a la ciudadanía. De la arrogancia en el ejercicio del poder. El pasado fin de semana, sentado junto a su mentor José María Aznar y en la clausura del Campus FAES, el paradigma del neoliberalismo, Mariano Rajoy sacó pecho y  manifestó que es falsa la afirmación de que su Gobierno ha hecho recortes en sanidad y en el Estado de bienestar. Para el presidente español “hay quién tiene afición a las malas noticias. Se ha intentado explicar que todos los recortes se han hecho a costa de la política social. La sanidad es más universal que antes, hoy ningún español queda fuera del sistema. No hay copago sanitario, hay copago farmacéutico, pero es que antes ya lo había…”.

Unos días después, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria presentaba en la ULPGC el informe SESPAS 2014 donde se demuestra el incremento de las desigualdades sociales en España y las posibles repercusiones sobre la salud, a largo plazo, del paro, la pobreza, los desahucios, el miedo, etc, en forma de enfermedades crónicas, cardiovasculares o demencias. Para el grupo de expertos encargado de su elaboración, existen dudas sobre la independencia de las decisiones políticas en temas sanitarios ante las presiones de las grandes corporaciones privadas; un mal entendido concepto de la austeridad que auspicia un “solapado asalto al universalismo que tendrá aciagas consecuencias”; privatizaciones sin soportes científicos y recortes como los copagos que suponen “un impuesto a la enfermedad y un gasto catastrófico familiar”.

Pero no son los únicos en hacer visible esta realidad. Durante estos dos últimos años, distintos sindicatos, asociaciones de defensa de la sanidad pública, pacientes, instituciones sanitarias y sociales y organizaciones sanitarias diversas han ido desgranando datos y denuncias sobre el grave deterioro de la sanidad pública española fruto de los recortes y de la intencionalidad ideológica de hacerle el mayor daño posible para justificar su privatización. Así, colectivos de psiquiatras y psicólogos han denunciado que los recortes de la sanidad pública están deteriorando la atención a los enfermos mentales, justo cuando los casos de depresión han aumentado en un 20% y se constata un incremento de las enfermedades mentales; los médicos de familia han revelado que el copago ha afectado seriamente al cumplimiento terapéutico del paciente que se ve obligado en muchas ocasiones a abandonar su tratamiento por no poder pagarlo y que hoy muchas personas tienen que elegir entre comer o pagarse las medicinas, lo que provoca casi 20.000 muertes prematuras y un gasto de más de 11.000 millones; los sindicatos han demostrado que en apenas dos años se han perdido más de 53.000 empleos en la sanidad pública; el Atlas de la Sanidad Mundial de la OMS señala que España ha pasado, en solo un año, del puesto décimo del mundo en proporción de médicos por cada 10.000 habitantes al puesto dieciséis; la OCDE en su informe de 2013 advierte que el gasto sanitario en España ha bajado en los dos últimos años: la reducción ha sido en realidad de 8.000 millones de euros en los últimos cuatro años hasta situarse en los niveles de 2007; las estadísticas demuestran que las listas de espera se incrementan y que los recortes han conseguido que la demora para operarse se haya elevado en un 125% en un año y medio y que el número de pacientes que tienen que esperar más de seis meses para entrar en un quirófano haya aumentado en casi un 200%, y no digamos para la atención por parte de un especialista o para una simple radiografía o una resonancia. Se recorta el personal pero también el material sanitario, las comidas, los horarios; el hacinamiento de los hospitales, la precariedad de los trabajadores y los pacientes y la pérdida de calidad de los servicios avanzan a un ritmo imparable…

En Canarias los datos no son más halagüeños. Es más, son peores que en la mayoría de las comunidades. Según el informe de la UGT “Cuestión de vida o muerte. Análisis comparativo del sistema público de salud”, Canarias, junto con Valencia, es la comunidad autónoma con los peores ratios, situándose a la cola en financiación per cápita, número de profesionales sanitarios, tiempo de espera para consulta y pruebas e intervenciones quirúrgicas. Y encabeza el listado de muertes prematuras y el desvío de fondos públicos a clínicas privadas. Más de 30.000 ciudadanos están a la espera de ser operados en hospitales públicos. Unos 25.000 está pendientes de ser recibidos por un especialista. Casi 200 médicos han sido forzados a la jubilación para ahorrarse sus salarios. La falta de alternativas para los crónicos y la escasez de residencias hacen que el déficit de camas para agudos se acreciente. Los psiquiatras señalan que los servicios de salud mental se retrotraen a los niveles de los años 80

La sanidad pública es imprescindible para paliar los efectos de la crisis sobre los sectores con menos recursos de la sociedad, sobre los que no pueden pagarse un seguro privado para hacer frente a sus necesidades sanitarias. La quiebra de los servicios públicos sanitarios profundiza en la desigualdad.  Pone a muchas personas que no consiguen hacer frente al coste de los medicamentos más básicos o a los específicos para dolencias serias, que suelen ser mucho más caros, en una peligrosa situación de precariedad y riesgo vital. Se resquebraja, por tanto, la necesaria igualdad y la solidaridad en el acceso a los recursos públicos por parte de cualquier ciudadano al margen de su condición social o económica.

Los recortes, los ajustes y el deterioro de la sanidad pública no tienen que ver necesariamente ni en su mayor parte con la crisis, ni con el ahorro y ni siquiera con la mala gestión de los recursos. Detrás de este retroceso en la aportación de medios se trasluce una clara intencionalidad ideológica de desmoronar la sanidad universal para favorecer los intereses privados. Según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIOS), que defiende la gestión privada, la recuperación económica será lenta, lo que favorecerá una reducción presupuestaria de la sanidad pública y conllevará un progresivo empeoramiento de la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. Este deterioro derivará también en una “obsolescencia tecnológica” y en una reducción de la cartera de servicios financiados, lo que según los expertos podría ocasionar un aumento de las pólizas de seguros privados. Como asegura la fundación 1 de Mayo de CCOO se trata de segmentar la asistencia sanitaria favoreciendo el establecimiento de un sistema de seguros para las personas con rentas altas (probablemente acompañado de desgravaciones fiscales), un sistema de seguridad social de baja calidad para los trabajadores por cuenta ajena y un modelo de beneficencia para el resto de la población. Ya lo advertía recientemente el consejero de Reale Seguros: “los seguros privados de salud son los que más van a crecer”. 

No es casualidad entonces que el dinero que la sanidad pública paga a la privada a través de conciertos diversos (casi 8.000 millones de euros) haya crecido un 52% en los últimos 10 años. Por cierto, el primer lugar en estos conciertos lo ocupa Cataluña y el segundo Canarias que destina casi 300 millones a estos menesteres. Igualmente, los únicos seguros privados que crecen en la actualidad son los dedicados a la sanidad: pese a la crisis, los seguros de salud han crecido un 29% en los últimos años (al amparo del declive de la sanidad pública el sector ha duplicado su tamaño en apenas una década). Tampoco paran de aumentar las fórmulas de financiación público-privada y de concesión administrativa, que popularizara Tony Blair y que está consiguiendo que fondos de capital riesgo estén construyendo y gestionando hospitales y centros de salud públicos, una fórmula de privatización directa apenas camuflada. Y aparecen para esto los oligopolios de siempre que aquí se llaman, fundamentalmente, Capio (capital riesgo británico), USP-Quirón (fondo de inversión también británico) y Ribera Salud (Adeslas y Sanitas). Se impone la cuenta de resultados por encima de la calidad asistencial y, como demostró la marea blanca madrileña, los seis hospitales semiprivados de esa comunidad suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales.

Y claro, como sucede con la energía, pronto emergen las famosas puertas giratorias que permiten el trasvase de cargos públicos y ejecutivos desde la sanidad pública a la privada o al revés. Es el caso de los exconsejeros de sanidad Lamela y Güemes que pelearon por privatizar la sanidad madrileña y terminaron en la órbita de Capio. O el exministro de Aznar, Romay Beccaria y tantos otros.

La Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y las Sociedades Científico-Médicas han hecho público un manifiesto donde se oponen duramente a las privatizaciones. La OMS insta a universalizar la cobertura sanitaria en el mundo porque eso salvaría ocho millones de vidas  y señala que más de 100 millones de personas caen en la pobreza cada año por gastos en salud. Aquí  remamos en sentido contrario y encima nos quieren hacer creer que nuestra sanidad  “es más universal que antes”.

Antonio Morales Méndez
Alcalde de Agüimes

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