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El Tribunal de Cuentas desmonta la versión de Cospedal sobre el recibí de 200.000 euros

EL ÓRGANO SUPERVISOR AFIRMA QUE EL DOCUMENTO ENTREGADO POR BÁRCENAS ES IRREGULAR El Tribunal de Cuentas no admite la explicación que la secr...

EL ÓRGANO SUPERVISOR AFIRMA QUE EL DOCUMENTO ENTREGADO POR BÁRCENAS ES IRREGULAR


El Tribunal de Cuentas no admite la explicación que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha ofrecido sobre los 200.000 euros que Génova habría entregado al PP de Toledo en 2007, una transacción que figura entre los papeles que Luis Bárcenas entregó este lunes en la Audiencia Nacional. Según el extesorero, esos fondos proceden de una comisión ilegal cobrada por el exalcalde de Toledo, el popular José Manuel Molina, y terminaron siendo utilizados para financiar la campaña del PP de Castilla-La Mancha en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.


Cospedal, que encabezó las listas autonómicas del PP en esa convocatoria, admite la versión de Bárcenas pero asegura que se trató de un traspaso legal de dinero entre dos niveles del partido y que el presunto recibí no implica ninguna infracción, menos aún un delito. Sin embargo, este diario ha podido comprobar que el PP nunca envió ese documento a los organismos encargados de fiscalizar su contabilidad en esos comicios y que el recibí está muy lejos de ser legal.
En el papel aportado por Bárcenas figura el nombre del extesorero y la firma del gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, la persona que recibió esos fondos. El documento tiene fecha del 28 de marzo de 2007, es decir, en plena precampaña. Para entonces, Cospedal ya llevaba 10 meses como máxima responsable de esa demarcación del PP. En la parte inferior del folio, Bárcenas anotó los nombres de Luis Del Rivero y Manuel Manrique, en aquel momento, presidente y consejero delegado de Sacyr, respectivamente. Ellos habrían sido los autores de esa presunta donación ilegal que acabó en el PP de Castilla-La Macha, a cambio de la concesión de recogida de basuras del Ayuntamiento de Toledo. Del Rivero ya está imputado en la causa por aparecer como uno de los donantes de Génova en los papeles de Bárcenas.
El PP desmiente esa acusación. Fuentes oficiales del partido aseguran que ese papel sólo refleja el método que utilizaba Bárcenas para anotar las aportaciones de Bárcenas a los gerentes regionales y que las agrupaciones autonómicas justificaban luego el destino de esos fondos presentando al extesorero las facturas correspondientes.
El comprobante no forma parte de la contabilidad oficial
Pero, aun en el caso de que los 200.000 euros entregados al PP de Toledo hubieran sido obtenidos por Génova mediante cuotas de afiliados o donaciones legales, el comprobante que Bárcenas ha puesto sobre la mesa del instructor del caso, el juezPablo Ruz, entraña flagrantes irregularidades que mantienen la sombra de la sospecha sobre esa transacción y no despejan las dudas que rodean a Cospedal por su implicación en esta vertiente sobrevenida del caso Gürtel.
Según el Tribunal de Cuentas, para ser completamente legal, ese traspaso de fondos debió ser comunicado al órgano supervisor para que fuera estudiado en el marco de la investigación sobre los gastos de las elecciones locales de 2007, un trámite al que están obligados los partidos tras cada cita con las urnas. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran a El Confidencial que el PP nunca aportó ese comprobante al Tribunal de Cuentas, ni tras esas elecciones ni en ningún otro momento. El folio manuscrito nunca ha formado parte de la contabilidad oficial de la formación.
Lo mismo señala la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, la institución que desde 1999 se encarga de auditar los gastos de las elecciones a las Cortes de esta comunidad. Fuentes oficiales de este organismo afirman que el recibí de Bárcenas tampoco está incluido entre la información que le remitió el PP tras las autonómicas de 2007.
Los requisitos de la documentación
Pero esa no es la única irregularidad en la que incurre el comprobante de Bárcenas que Cospedal ya ha autentificado públicamente. Aunque el Partido Popular hubiera remitido el documento al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas autonómica, ninguno de los supervisores lo habría admitido porque no reúne las características necesarias para ser considerado un documento oficial.
Los requisitos que debe presentar la contabilidad de las formaciones los fija el Tribunal de Cuentas mediante circulares que detallan con antelación a los tesoreros de los partidos qué tipo de datos están obligados a comunicarle. En el caso de las elecciones municipales de 2007, las condiciones que tenían que cumplir los documentos de los partidos se establecieron en una resolución del Tribunal de Cuentas fechada el 30 de marzo de ese año.
En el capítulo de ingresos, la instrucción especificó que las formaciones debían aportar “la documentación acreditativa del origen de todos los recursos aplicados a la campaña electoral: identificación de las aportaciones privadas con los requisitos contemplados en el artículo 126 de la LOREG (nombre, domicilio y número del DNI o pasaporte), copia de la documentación bancaria de la procedencia de los fondos obtenidos de la tesorería ordinaria, copia de las pólizas de las operaciones de crédito o préstamo, copia del documento de la transferencia del anticipo de las subvenciones y demás documentación pertinente”.
En el caso de las autonómicas, las exigencias son idénticas. La Sindicatura de Cuentas castellanomanchega maneja un plan de trabajo y unas directrices técnicas internas que estipulan las condiciones que deben reunir los documentos sometidos a auditoría. Y entre los requisitos, se pide que los movimientos de fondos estén acreditados con los nombres completos de las personas que han participado en la transacción, sus direcciones, documentos de identidad y también con el reflejo de la transacción en los asientos contables del partido.
Sin rastro del movimiento
El recibí desvelado por Bárcenas no encaja en ninguno de los supuestos contemplados ni cumple los requisitos. El gerente del PP de Castilla-La Mancha, que llegó al cargo con Cospedal y sigue ocupando ese puesto en la actualidad, estampó su firma y dejó su nombre por escrito. También figura el nombre del extesorero, la cantidad entregada y las fechas de la transacción. Peroel comprobante no aclara la dirección de los dos protagonistas del acuerdo ni sus DNI, ni tampoco hace referencia al origen de los fondos ni cuál fue su destino.
La Ley de Financiación de Partidos obliga además a las formaciones a manejar sus gastos electorales a través de cuentas bancarias dedicadas en exclusiva a ese fin para que no se mezclen con la contabilidad ordinaria y facilitar el rastreo de los movimientos. Sin embargo, de nuevo, la prueba aportada por Bárcenas no indica las cuentas bancarias de origen y destino de los 200.000 euros. Más bien, el papel parece referirse a una entrega en metálico, algo vetado tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Sindicatura de Castilla-La Mancha y que habría provocado una aclaración en los informes que emitieron sobre los gastos del PP en las elecciones de 2007. Esas aclaraciones no existen.
La explicación oficial no casa con las cuentas auditadas
La prueba de que esa entrega firmada por Cañas nunca fue comunicada a los órganos supervisores se halla en los mismos informes que estos emitieron. Según lainformación aportada por los populares al Tribunal de Cuentas correspondiente a las elecciones locales de 2007, Génova sólo gastó oficialmente en esa campaña en todo el territorio nacional 63.272,63 euros procedentes de recursos propios, una cantidad muy inferior a los 200.000 euros de la donación. El grueso del presupuesto que manejaron en las locales de ese año salió de “operaciones de endeudamiento” y “anticipos de la Administración”.  
En cuanto a las elecciones autonómicas, los datos son aún más contundentes. Según la Sindicatura, la sede central del PP aportó a su filial castellanomanchega 580.799 euros para financiar la campaña. Pero el origen de ese dinero estuvo en “dos pólizas de crédito concertadas con una entidad financiera, por un límite de disposición de 6.000.000,00 de euros y 900.000 euros para financiar los procesos electorales del 27 de mayo de ese año”. Si la entrega de Bárcenas fue legal, esta debería figurar en las cuentas auditadas, pero la inspección de la Sindicatura no refleja ninguna otra aportación de Génova al PP de Castilla-La Mancha. Es decir, los 200.000 euros no aparecen en la contabilidad oficial de los populares. La versión de Cospedal no encaja.

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